México, los derechos y los ciudadanos

En cualquier lugar del mundo, el que se compruebe una falta de un servidor público que haya generado afectaciones a los ciudadanos es motivo más que suficiente para que el funcionario renuncie a su cargo.

En ocasiones ministros o gobernadores renuncian a sus importantes funciones por causas menos graves, como descuidos, omisiones o imprudencias. En Perú, por ejemplo, un ministro de Vivienda renunció a su cargo por haber dado asesoría profesional a una empresa que al parecer se dedicaba a realizar espionaje telefónico. En China el gobernador de una provincia renunció tras haberse roto un dique en un vertedero ilegal, que provocó un alud y centenares de muertos; no tenía responsabilidad directa en los hechos, pero consideró que como gobernador debía haber detectado esas fallas oportunamente. El anterior gobernador de Nueva York renunció al sueño de su vida política después de que se desató un escándalo por descubrirse que era cliente asiduo de un fino negocio de la vida alegre (que a él por lo visto le cumplía esa promesa, pues fue cliente durante varios años). Más recientemente, un ministro japonés de Finanzas renunció a su cargo tras haberse presentado en una rueda de prensa con una o cinco copas de más, y el ministro ni más ni menos que de Gobernación de Honduras emitió comentarios racistas contra Barack Obama y, por supuesto, renunció poco tiempo después.

En México, quien fungía como gobernador interino de Chiapas cuando estalló el conflicto armado, en 1994, renunció al cargo unos días más tarde, bajo el argumento de que su salida del gobierno estatal podría ayudar en cierta medida a resolver la crisis, que en ese entonces parecía que duraría algunas semanas.

Por todo lo anterior, sería de esperarse que si el máximo tribunal de la nación comprueba que un gobernador incurrió en afectaciones graves a las garantías individuales el gobernador inculpado cuando menos renunciaría a su cargo. Ulises Ruiz no. Él no encuentra motivos suficientes para hacerlo.

¿Por qué es grave que un servidor público de alto nivel viole las garantías individuales de los ciudadanos? Porque sin las garantías, para efectos prácticos los derechos humanos no son nada. La noción de dignidad humana conduce al concepto de la existencia de derechos esenciales. Implica también el derecho al derecho, es decir, a que exista un orden jurídico al que se pueda acudir, y a que las autoridades actúen con apego al mismo. Pero el solo reconocimiento de que existen esos derechos humanos no implica que se respeten, por eso se introducen en las leyes garantías, protecciones que tienen por objetivo asegurar que sean respetados.

Por lo anterior, un funcionario público que viola esas garantías le da la espalda a la Constitución –que es donde se encuentran reconocidos los derechos y establecidas las garantías que los protegen–, desprecia el valor humano de los gobernados e ignora el fundamento mismo de su labor, porque no hay otra justificación esencial para la existencia de las autoridades, que la preservación de los derechos de los ciudadanos. Así de grave.

Pero en México una cosa es que se haga un señalamiento tan delicado, y otra es que eso tenga consecuencias. Ulises Ruiz debe pensar: “si ese Mario Marín no renunció después de las grabaciones… ¿por qué renunciaría yo?” Y claro, ahí está Marín muy orondo y sonriente en festivales de mole poblano, tanto como lo está Ulises Ruiz encabezando los festejos de La Guelaguetza. Y luego está el PRI: “el gobernador de Oaxaca debe saber que cuenta con el apoyo de su partido”. ¿Pero será que no han entendido nada? Tristes políticos olvidados del sentido de su labor, que en lugar de ver señalamientos graves y comprobadas conductas intolerables ven jueguitos de poder por todas partes y con todo el mundo; y como para luchar por el poder son buenos…

Por eso estamos como estamos. Por eso a pesar del enorme avance que ha habido en la legislación y en la creación de instituciones a favor de los derechos humanos no avanzamos, porque las leyes no sirven de nada cuando los que las aplican son insensibles y no entienden de qué se tratan.

Frente al tema de los derechos humanos hay tres tipos de funcionarios públicos: los ignorantes, los respetuosos y los cínicos. Los ignorantes no entienden de qué se trata eso de los derechos humanos y el que sean respetuosos de ellos o los violen velada o abiertamente depende en gran parte de su propio sentido ético y sus valores, o en muchos casos de la falta de ellos. Los cínicos son los peores: ven los derechos humanos –y todo lo demás– tan sólo como temas discursivos, materia obligada y muchas veces un estorbo para su desinteresada labor (desinteresada de los ciudadanos y de la ética del servicio público, se entiende), nunca por encima de sus objetivos, nunca por encima de los intereses personales, de grupo o de partido.

Ahora que se está eligiendo un nuevo ombudsman bien harían los senadores en dar prioridad a tres cualidades indispensables en el defensor de derechos humanos que México necesita: ojos grandes, para ver bien las incongruencias y las actitudes cínicas; voz fuerte, para denunciarlas; y muchos pantalones, para sostenerlas.

Correo electrónico: rafael@gonzalez.com.mx