La Suprema Injusticia

Se ha celebrado como una gran noticia el hecho de que la Suprema Corte de Justicia haya creado una comisión para analizar si hubo violación grave de garantías individuales en el caso del incendio en la guardería. ¿Pero esto es en realidad tan buena noticia?

Por un lado hay que manifestar respaldo total a lo que se haga para evitar la impunidad en este terrible drama, de eso no queda la menor duda; sin embargo, considerar que esta resolución garantiza que se hará justicia es una simplificación que a la larga puede generar más frustración que cualquier otra cosa.

Para empezar, ¿cómo fue que un caso tan excepcionalmente grave, tan doloroso, tan trágico, se convirtió en un expediente no resuelto, prolongado más allá de lo tolerable, y fue a dar hasta la instancia máxima de justicia de la nación? Hay que recordar que la Suprema Corte es un tribunal de excepción cuya naturaleza es la de dirimir los asuntos en que las leyes o la actuación de las autoridades que normalmente los debían haber resuelto hayan sido insuficientes para asegurar que se está haciendo justicia. Lo que deben hacer esas autoridades, por cierto, es muy preciso: se trata de averiguar la verdad de los hechos, determinar si hubo o no conductas señaladas por la ley como delito, qué personas las cometieron, someterlas a un proceso para concluir si efectivamente tuvieron o no responsabilidad y en qué grado, y finalmente imponer una sanción. De ahí la pregunta: ¿no se podía hacer eso en un caso tan dramáticamente notorio como el del incendio y sus devastadoras consecuencias?

El que la corte haya tenido que analizar siquiera si le correspondía investigar el caso es una expresión de que lo que han hecho las distintas autoridades ha sido por lo menos insuficiente. Insuficiente en cuanto a su actuación, a su agilidad, a su eficiencia y al compromiso con la justicia, que (casi sobra decirlo) es su razón de existir.

Se debe tener presente qué es lo que puede y lo que no puede hacer la Corte. Tal vez hay quienes piensan que va a señalar quiénes fueron responsables del incendio; no es así. Tampoco podrá señalar si incurrieron o no en delito los dueños de la guardería o quienes ahí laboraban. No va a imponer sanciones. No va a ordenar reparaciones, no puede. Lo que sí puede hacer es señalar si hubo autoridades que violaran gravemente las garantías individuales, lo cual en este caso resulta bastante espinoso, ya que las lesiones y muertes de los niños no fueron la consecuencia directa de acciones ordenadas o cometidas por alguna autoridad, sino de omisiones, fallas y circunstancias cuya asignación de responsabilidad no será nada sencilla. Hay autoridades menores que hicieron inspecciones y dieron permisos; pero señalarlos como responsables resultará complicado, por decir lo menos. ¿Violaron directamente con su mediocridad –si la hubo– las garantías individuales? ¿Lo hicieron sus superiores, que no se aseguraron de que sus subordinados hicieran su trabajo en forma adecuada?

Y luego, ¿qué va a encontrar la Corte, cuáles fueron las garantías que se pueden haber violado? Hay una previsión constitucional en el artículo 4o., que establece que el Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos. Si los ministros concluyen que hubo alguna violación a garantías, seguramente será respecto a esta norma. ¿Pero podrán señalar a algún servidor público como el que en lo individual violó gravemente este precepto?

Algunos de los ministros se opusieron a que se integrara una comisión especial. Vale la pena revisar sus argumentos, que falsos no son. Tal vez el principal sea el que alude a las expectativas que genera una resolución como esta: las de que se impartirá justicia, cuando eso no sucederá, o al menos no por esta intervención de la Corte. Quien alienta una expectativa falsa estando consciente de la expectativa y de su falsedad, incurre en engaño.

Qué bien que la Corte investigue y emita una opinión, pero en realidad todo esto no es un avance de la justicia: es una expresión abierta y vergonzosa de que a las pérdidas indescriptibles que han sufrido los niños y sus familias se les ha sumado el agravio de la injusticia. La injusticia es una agresión tan profunda, que se siente en lo más hondo, y es de las más insoportables. Don Miguel Sarre, distinguido derecho humanista, me compartió hace algunos años los resultados de una investigación de la que se concluyó que en la mayoría de los casos en que los internos de una cárcel se rebelan y se amotinan, no lo hacen por los malos tratos recibidos, ni siquiera por agresiones o abusos directos… lo hacen cuando las autoridades no responden siquiera a sus solicitudes, cuando sus escritos son ignorados, es decir, cuando sienten que se les niega la justicia.

La justicia tardía es injusticia. La denegación de justicia es injusticia. La injusticia en un caso en el que se pierden 49 vidas y estas son de niños que estaban ahí para ser protegidos, es una suprema injusticia.