No tenemos elementos que nos permitan saber si la propuesta de acudir a las casillas el 5 de julio, recibir las boletas electorales que nos correspondan, anularlas y depositarlas en las urnas, haya tenido efecto entre la población. Quién sabe cuántos ciudadanos piensan hacerlo para así expresar su inconformidad, en unas semanas lo sabremos; lo que sí está claro es que la idea ha tenido un alto impacto entre políticos y candidatos, que han dedicado gran parte de su energía para oponerse a la propuesta.
El planteamiento de anulación del voto –o el mal llamado “voto en blanco”, que no lo es– parte de algunos supuestos bastante sencillos: que la gente está cansada y hastiada de los políticos; que los partidos y sus representantes no generan confianza sino lo contrario; que los candidatos y sus campañas no han logrado mover la convicción y el ánimo de los votantes; que es urgente enviarles un mensaje de rechazo; y que los ciudadanos debemos buscar la forma de afectar –castigar– a los gobernantes cuando sentimos que hemos sido afectados por ellos.
Siendo todo lo anterior cierto (aunque se puede discutir en qué medida), la anulación del voto es una acción que en poco o en nada atiende a esos aspectos, y que incluso puede resultar contraproducente, causando más de lo mismo que pretende combatir.
Un voto tiene por sí un gran valor, incluso si se anula, como expresión de la voluntad ciudadana, como símbolo de participación y como ejercicio de la democracia. Sin embargo, más allá del enorme significado representativo, el valor efectivo y la utilidad de un voto no está en sí mismo, sino en el que le asigna la ley que establece cómo se va a contar y qué consecuencias va a producir.
El sistema de conteo de votos que establece la legislación mexicana impide que se utilice el voto nulo para sancionar a los partidos, para restarles beneficios o para incidir en cualquier forma en la conformación de los congresos federal y locales.
Anular el voto para así castigar a un partido en específico no tiene sentido, ya que en realidad es medio castigo: el castigo real y total sería votar por otro. Si al anular el voto se pretende castigar a todos los partidos por igual se incurre en otro error, ya que a un partido no le afecta el voto anulado si no iba a ser para él: si un voto no fue para él ni para otro, entonces no fue un voto. Aún en el caso de que ciudadanos que han votado por todos los partidos ahora anularan su boleta al parejo, es decir, en forma proporcional, la distribución de triunfos electorales y de curules legislativas sería la misma que si todos votaran como lo harían en caso de que fuera obligatorio decidirse por un partido u otro. En estas condiciones, la boleta que es anulada posee exactamente el mismo valor práctico que las boletas que se quedaron esperando a ser utilizadas.
Anular el voto tampoco castiga financieramente a los partidos políticos, ya que los criterios que establece el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para la asignación de las prerrogativas (financiamiento, dinero, lana) consideran otros aspectos, que no se afectan en nada por la cantidad de votos anulados.
Ni siquiera funciona como mensaje ciudadano a los partidos políticos, ya que para los partidos sólo cuentan los votos a favor de ellos o a favor de algún contrario. Nunca es posible saber cuántos de los votos anulados hubieran sido para un partido u otro.
Más aún, anular el voto puede generar efectos tan desastrosos como que obtenga mejores resultados el partido que sea más tramposo. Las mañas electorales, al complicarse la trampa cometida directamente en la urna, se han orientado cada vez más a la movilización electoral, es decir, a asegurarse de que quienes tienen la preferencia deseada vayan ese día a votar, llevarlos directamente o enviarlos y recompensarlos si demuestran de alguna forma –por ejemplo mediante una fotografía tomada con el teléfono celular– que “le cumplieron” a su candidato. La proporción de votos de estos partidos frente a otros aumenta si los ciudadanos que tenían la oportunidad de ejercer su decisión a favor de partidos más honestos se abstienen de hacerlo, ya sea que se queden en sus casas o que tachen la boleta electoral.
Si bien anular el voto es absolutamente válido, se debe tener conciencia de los efectos que puede generar y de los que no, y esto es finalmente lo más importante, ya que cualquier acción al producir un efecto distinto al esperado pierde sentido; y más aún, si produce un efecto opuesto al esperado, entonces pierde toda justificación. Quien anulara su voto no estaría ejerciendo su derecho a decidir con respecto a sus gobernantes, por el contrario, estaría ejerciendo su derecho a renunciar a su derecho de decidir con respecto a sus gobernantes.
Para efectos reales, la acción de anular el voto equivale a la auto-anulación del ciudadano como elector. Quien tacha su boleta no está diciendo: “los políticos son nulos”; está diciendo “como estoy muy enojado con ustedes, me anulo yo”.
El planteamiento de anulación del voto –o el mal llamado “voto en blanco”, que no lo es– parte de algunos supuestos bastante sencillos: que la gente está cansada y hastiada de los políticos; que los partidos y sus representantes no generan confianza sino lo contrario; que los candidatos y sus campañas no han logrado mover la convicción y el ánimo de los votantes; que es urgente enviarles un mensaje de rechazo; y que los ciudadanos debemos buscar la forma de afectar –castigar– a los gobernantes cuando sentimos que hemos sido afectados por ellos.
Siendo todo lo anterior cierto (aunque se puede discutir en qué medida), la anulación del voto es una acción que en poco o en nada atiende a esos aspectos, y que incluso puede resultar contraproducente, causando más de lo mismo que pretende combatir.
Un voto tiene por sí un gran valor, incluso si se anula, como expresión de la voluntad ciudadana, como símbolo de participación y como ejercicio de la democracia. Sin embargo, más allá del enorme significado representativo, el valor efectivo y la utilidad de un voto no está en sí mismo, sino en el que le asigna la ley que establece cómo se va a contar y qué consecuencias va a producir.
El sistema de conteo de votos que establece la legislación mexicana impide que se utilice el voto nulo para sancionar a los partidos, para restarles beneficios o para incidir en cualquier forma en la conformación de los congresos federal y locales.
Anular el voto para así castigar a un partido en específico no tiene sentido, ya que en realidad es medio castigo: el castigo real y total sería votar por otro. Si al anular el voto se pretende castigar a todos los partidos por igual se incurre en otro error, ya que a un partido no le afecta el voto anulado si no iba a ser para él: si un voto no fue para él ni para otro, entonces no fue un voto. Aún en el caso de que ciudadanos que han votado por todos los partidos ahora anularan su boleta al parejo, es decir, en forma proporcional, la distribución de triunfos electorales y de curules legislativas sería la misma que si todos votaran como lo harían en caso de que fuera obligatorio decidirse por un partido u otro. En estas condiciones, la boleta que es anulada posee exactamente el mismo valor práctico que las boletas que se quedaron esperando a ser utilizadas.
Anular el voto tampoco castiga financieramente a los partidos políticos, ya que los criterios que establece el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para la asignación de las prerrogativas (financiamiento, dinero, lana) consideran otros aspectos, que no se afectan en nada por la cantidad de votos anulados.
Ni siquiera funciona como mensaje ciudadano a los partidos políticos, ya que para los partidos sólo cuentan los votos a favor de ellos o a favor de algún contrario. Nunca es posible saber cuántos de los votos anulados hubieran sido para un partido u otro.
Más aún, anular el voto puede generar efectos tan desastrosos como que obtenga mejores resultados el partido que sea más tramposo. Las mañas electorales, al complicarse la trampa cometida directamente en la urna, se han orientado cada vez más a la movilización electoral, es decir, a asegurarse de que quienes tienen la preferencia deseada vayan ese día a votar, llevarlos directamente o enviarlos y recompensarlos si demuestran de alguna forma –por ejemplo mediante una fotografía tomada con el teléfono celular– que “le cumplieron” a su candidato. La proporción de votos de estos partidos frente a otros aumenta si los ciudadanos que tenían la oportunidad de ejercer su decisión a favor de partidos más honestos se abstienen de hacerlo, ya sea que se queden en sus casas o que tachen la boleta electoral.
Si bien anular el voto es absolutamente válido, se debe tener conciencia de los efectos que puede generar y de los que no, y esto es finalmente lo más importante, ya que cualquier acción al producir un efecto distinto al esperado pierde sentido; y más aún, si produce un efecto opuesto al esperado, entonces pierde toda justificación. Quien anulara su voto no estaría ejerciendo su derecho a decidir con respecto a sus gobernantes, por el contrario, estaría ejerciendo su derecho a renunciar a su derecho de decidir con respecto a sus gobernantes.
Para efectos reales, la acción de anular el voto equivale a la auto-anulación del ciudadano como elector. Quien tacha su boleta no está diciendo: “los políticos son nulos”; está diciendo “como estoy muy enojado con ustedes, me anulo yo”.
¿Nulo yo? Óigame, no.
Rafael:
ResponderEliminarUn interesante artículo digno de tan genial persona. Comparto tu opinión al cien por ciento. Se debe de buscar una forma en la cual el ciudadano pueda expresar su inconformismo a los partidos políticos sea a través de la crítica interna a los mismos o a través de organismos de la sociedad civil.
Mas siempre se debe recordar que los partidos políticos y sus representantes son reflejos directos de las calidades de los ciudadanos. Osea se debe de pasar a una revisión sobre los valores cívicos de la sociedad mexicana en conjunto.
Felicitaciones
Julio